20 de octubre

Lima Norte: “Es fundamental comprender la dinámica de cada uno de los distritos que siguen teniendo un crecimiento poblacional sin proyección, sin planificación y, lo que más preocupa, sin acompañamiento del propio Estado»

Uno de los grandes problemas que se presenta en la ciudad de Lima es el crecimiento desordenado, la construcción informal y la consiguiente exposición al peligro de un sismo de gran magnitud, debido a la necesidad de la población de menores recursos por acceder a un espacio donde vivir.

Este proceso, además, es promovido por grupos organizados de traficantes de tierras, que se aprovechan de esta necesidad y lucran con los terrenos privados o del estado, haciendo uso incluso de la violencia, provocando la pérdida de vidas humanas y gestando un grave problema social.

Debido a ello, y con motivo del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, el martes 12 de octubre se desarrolló la mesa de trabajo: “La dinámica de ocupación informal y el riesgo en Lima”, coordinada por la Oficina de Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República, la Mancomunidad Municipal Lima Norte – MMLN, y el apoyo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES a través del financiamiento de USAID-BHA, en la sala Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República.

Los participantes esta mesa de trabajo compartieron la ruta de la ocupación informal, el delito de tráfico de terrenos y subrayaron cómo esto contribuye a la generación del riesgo de desastres en Lima. Asimismo, dieron a conocer las dinámicas que presentan los sectores del Estado en sus diferentes niveles en este tema y el rol de la sociedad civil. Finalmente, se formuló recomendaciones para instrumentalizar la lucha contra el tráfico de terrenos, ejercer el control urbano y un protocolo de intervención, que a su vez contribuirán a reducir las condiciones de vulnerabilidad y riesgo en la población para un hábitat sostenible y resiliente.

Iniciaron la reunión el Soc. Elmer Guevara Saldaña, jefe de la Oficina de Enlace con el Ciudadano del Congreso de la república; Rennán Espinoza Venegas, alcalde de Puente Piedra y presidente de la MMLN; Gilberto Romero Zeballos, presidente del Consejo Directivo de Predes; Carlos Alberto Tejada, presidente de la Mancomunidad Municipal Lima Centro; y Pedro Barrera, alcalde de Ancón. Luego del planteamiento del problema por parte de Esther Álvarez Estrada de la ONG CENCA, participaron representantes del Ministerio Público, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima Metropolitana, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, COFOPRI y CENEPRED.

“Es fundamental comprender la dinámica de cada uno de los distritos que siguen teniendo un crecimiento poblacional sin proyección, sin planificación y, lo que más preocupa, sin acompañamiento del propio Estado. Es un compromiso que hoy las autoridades locales tenemos para con nuestra ciudadanía”, expresó Rennán Espinoza durante su intervención.  

Por otro lado, Esther Álvarez manifestó: “la grave problemática a la cual nos enfrentamos los diferentes sectores del Estado es el producto de un modelo económico de desarrollo urbano excluyente; segregador, espacial y socialmente; y que ahonda las grandes brechas de desigualdad (…) Es sumamente importante que haya un protocolo de articulación de las diferentes instituciones que vemos este tema, así como hubo uno para proteger las lomas, ahora hay que sentarnos para proteger la vida de la gente.”  

Precisamente, al finalizar la mesa de trabajo, Eduardo Li, secretario técnico de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Lima Metropolitana, presentó las conclusiones a las que se llegaron: a) se debe establecer un protocolo de actuación conjunta para articular las funciones de cada institución relacionada a la problemática y b) los pilares necesarios para poder lograr cambios reales son: planificación técnica, respaldo político y financiamiento. Esta mesa se constituye en el punto de partida para ello.

Las municipalidades tienen la responsabilidad legal de atender estos asuntos, pero requieren del apoyo de las entidades del gobierno nacional y de la población organizada a través de plataformas o instancias de coordinación. De esta manera, evitaremos que se incrementen o se generen nuevos riesgos de desastres.

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